Calificación de Eficiencia Energética de Edificios
Desde el pasado 1 de junio, las viviendas en venta o en alquiler deben disponer de un certificado que acredite su  grado de eficiencia energética, que especificará mediante una escala de siete letras, de la A a la G, el nivel de  emisiones de CO2 expresado en kg CO2/m2 al año. Se pretende que el futuro comprador o el inquilino pueda valorar la eficiencia energética como un factor más a la hora de valorar la  compra o alquiler de un inmueble.

La etiqueta que proporciona el certificado es muy similar a la que califica  energéticamente a los electrodomésticos y debe aparecer en cualquier anuncio de venta o alquiler junto al resto de la información del inmueble y tendrá una validez de diez años.

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Los propietarios que deseen vender sus inmuebles deberán entregar el certificado original al comprador en el  momento de la venta  mientras que en el caso de los alquileres  se mostrará o entregará una copia al inquilino. Por lo tanto  no se puede solicitar el certificado una vez que se ha realizado la venta o el arrendamiento del inmueble. 

El Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia  energética de los edificios, proviene de la directiva Europea  2002/91/CE,  y su objetivo es reducir las emisiones de  CO2 a la atmósfera. La eficiencia energética se calcula midiendo la energía consumida al año en el inmueble, en condiciones normales de  uso, por el equipamiento que posea para los servicios de iluminación, calefacción y/o refrigeración, agua caliente sanitaria, etc.

En general, afecta a todos los inmuebles disponibles para la venta o el alquiler, con algunas excepciones  como son los inmuebles arrendados durante menos de cuatro meses, edificios aislados  con menos de 50 metros cuadrados útiles, edificios y monumentos protegidos en los que se altera su carácter o  aspecto, construcciones provisionales (para menos de dos años) y la parte no  residencial de edificios industriales y agrícolas.

La ley establece sanciones que oscilan desde los 300 euros a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, y hasta 6.000 euros para las muy graves.
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